Así lo argumentan en una ordenanza en la que se establece que, de acuerdo al Reglamento de Escuelas Infantiles Municipales, hay que valorar todas las solicitudes de menores que presenten un porcentaje de discapacidad que sea compatible con el equipamiento, los recursos y el proyecto educativo.

 

En este sentido, al solicitar la plaza en las escuelas infantiles del ayuntamiento de dicho municipio, a la familia se le requirió aportar una copia del certificado de discapacidad del menor y un certificado médico del mismo. En este último (emitido el pasado mes de marzo) se estipulaba la necesidad de un auxiliar de apoyo para el menor y, ante esto, el centro ha alegado que no cuentan con presupuesto para contratar a un auxiliar.
 

Según denuncia la familia del niño, la ordenanza del ayuntamiento "fomenta la discriminación del colectivo de menores con discapacidad y debe ser modificada”, ya que “supone una clara barrera que permite a la corporación excluir del sistema público a la mayoría de niñas y niños de 0 a 3 años que presenten limitaciones a su actividad, ya que no tendrán recursos para atenderles”.

 

El pasado mes de marzo, la familia del menor solicitó una plaza para matricular a sus dos hijos mellizos, en las escuelas infantiles públicas de San Cristóbal de La Laguna. Pasados tres meses, el ayuntamiento publicó las listas provisionales de acceso en las que se admitía a uno de los hijos, sin discapacidad, en los primeros puestos de la reserva, mientras que se excluía al otro, con parálisis cerebral.
 

Ante este caso, la familia presentó dos reclamaciones formales dirigidas al concejal de Bienestar Social y Calidad de Vida y Mercado, Miguel Ángel González Rojas, de cuyo área dependen estas escuelas infantiles, así como al alcalde del municipio, Fernando Clavijo, quien manifestó en un correo electrónico estar enterado de este asunto desde el principio.

 

Después de esas reclamaciones, el pasado 1 de agosto se publicaron las listas definitivas, mediante un decreto concejal, en las que se reflejaba la exclusión definitiva de uno de los hijos por tener una discapacidad y por no poder facilitarle una persona que pudiera atenderle. Así, tras este hecho, la familia volvió a presentar un recurso de reposición dirigido al alcalde en el que se aludía a la vulneración de los principios constitucionales basados en el derecho de igualdad, a la Convención de la ONU y de los principios básicos de las leyes educativas españolas, que abogan por una educación inclusiva que evite cualquier tipo de discriminación.

 

Según la familia, el pasado mes de septiembre se les comunicó que su recurso había sido desestimado. Sin embargo, también se produjo un encuentro entre el alcalde, el concejal de Bienestar Social y el jefe de Servicio y la familia del menor en el que las autoridades públicas se reafirmaron en su postura.

 

Además, la familia también presentó una reclamación a la Dirección General de la Dependencia, Infancia y Familia, que respondió en un escrito con fecha de 25 de julio de 2013 alegando que "este asunto no es de su competencia" y lo derivó a la Dirección General de Políticas Sociales donde se mantuvo una reunión por parte del CERMI Canarias que concluyó declinando el caso a la Viceconsejería de Educación.

 

Por otra parte, también se ha interpuesto otra reclamación ante la Oficina Permanente Especializada de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad e incluso ante el diputado del Común del Gobierno de Canarias, quienes, contrariamente, “sí han mostrado preocupación por el caso”.

 

El padre del niño critica que el Ayuntamiento de La Laguna, una ciudad de más de 150.000 habitantes, patrimonio de la humanidad, se ampare para hacer valer esta discriminación en un Reglamento de Escuelas Infantiles, aprobado por el pleno de diciembre de 2012. 

Los padres del menor también han acudido al CERMI Estatal y al CERMI Canarias para solicitar su intermediación en este caso de discriminación. En opinión de las dos entidades, "se trata de un caso de discriminación hacia el menor por razón de discapacidad" a la hora de acceder a las escuelas infantiles de dicho municipio de La Laguna. Además, ambas denuncian que "no puede ser que exista una ordenanza que, de antemano, discrimina a las personas con discapacidad”.

 

El CERMI Estatal pondrá el caso en conocimiento de la Fiscalía del Estado para que examine la conducta de este ayuntamiento por si pudiera constituir un comportamiento antijurídico con reproche penal, ya que consideran que puede "discriminar flagrantemente a un niño con discapacidad, protegido por el artículo 7 de la Convención de la Naciones Unidas de Discapacidad".